La resolución fija las compensaciones para las líneas nacionales del AMBA entre octubre y enero. Además, pagará $38.840 millones.
Con el objetivo de evitar otro aumento del boleto y desactivar un conflicto con las empresas operadoras, la Secretaría de Transporte aprobó una nueva estructura de costos para los colectivos de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y fijó las compensaciones que el Estado pagará a las empresas entre octubre de 2026 y enero de 2027.
Además, autorizó el pago de $38.840.841.807 en concepto de diferencial de recaudación por los meses de junio a septiembre, según lo dispuso la Resolución 80/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El valor fijado para enero seguirá vigente en los meses siguientes, hasta que se apruebe un nuevo cálculo.
La medida llega después de semanas de tensión con el sector. Las empresas habían advertido que, de no mediar una mejora en sus ingresos, comenzarían a recortar las frecuencias nocturnas en 104 líneas de jurisdicción nacional que recorren la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
Entre sus reclamos figuraba una deuda de alrededor de $40.000 millones, una cifra casi idéntica a la que ahora oficializa el Gobierno como diferencial de recaudación.
El 29 de octubre, en una reunión entre Transporte y las cámaras, se cerró un acuerdo para aumentar entre 10% y 15% los subsidios a las 104 líneas nacionales del AMBA a partir de noviembre. La resolución publicada hoy es la que pone números y método a ese entendimiento.
La medida implica que cualquier incremento en los costos operativos -como combustibles, repuestos y salarios- será absorbido por el Estado a través de mayores compensaciones económicas. Es así que, con más subsidios, se blindará a los pasajeros de nuevos aumentos.
El argumento oficial es que comparar el gasoil con el GNC o la electricidad mirando solo el precio de la energía no alcanza. Según el informe técnico que acompaña la medida, hay que medir el costo total por kilómetro de cada tecnología, lo que incluye el rendimiento, el mantenimiento, la infraestructura de abastecimiento y las inversiones necesarias. Por eso, el nuevo cálculo distinguirá el costo de operar unidades a gasoil, GNC y electricidad, y un costo ponderado según la participación de cada una.
En paralelo, la resolución elimina un anexo incorporado en diciembre de 2025 que detallaba el financiamiento por jurisdicción. El motivo: el esquema de financiamiento corresponde en su totalidad a la Nación, por lo que el desglose de lo que aportaban la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad “deviene abstracto”.
Las compensaciones se pagarán con fondos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), que se nutre de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, y con partidas del Presupuesto que se transfieran al fideicomiso administrado por el Banco Nación.
El esquema también alcanza a las líneas que operan en las unidades administrativas del interior definidas en 1995. En esos casos, cuando lo que corresponde pagar por el atributo social (la tarifa diferencial para beneficiarios) supere el monto de la compensación, el Estado cubrirá el valor informado por Nación Servicios.
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